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Ley DMCC: ¿qué obligaciones tienen las empresas ante la reforma de la protección del consumidor en el Reino Unido?

Tiempo de lectura: 7 min

Fecha de modificación: 27 septiembre 2026

Tras la Directiva Ómnibus de la Unión Europea en 2022, el Reino Unido ha reforzado a su vez de manera significativa su marco de protección de los consumidores. El 6 de abril de 2025 entró en vigor una parte sustancial de la Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (DMCC Act) [1]. Esta normativa redefine las reglas aplicables a las prácticas comerciales desleales y otorga a la Competition and Markets Authority (CMA) facultades inéditas para imponer sanciones directas.

Su ámbito de aplicación no se limita a las empresas establecidas en el Reino Unido: afecta a cualquier organización que dirija sus actividades a consumidores situados en el Reino Unido, con independencia de su lugar de establecimiento.

Este artículo expone, en primer lugar, el alcance de la normativa y su calendario de aplicación, para después analizar las obligaciones operativas que introduce (drip pricing, reseñas de consumidores y suscripciones) y sus consecuencias prácticas en términos de riesgo sancionador y cumplimiento normativo.

Índice

Aspectos clave de la Ley DMCC

  • Prohibida la práctica del «drip pricing»: el precio total debe figurar desde la primera información sobre tarifas, incluidos los gastos obligatorios.
  • Quedan prohibidas las opiniones falsas: está prohibido publicarlas, encargarlas o facilitar su publicación. Las plataformas tienen la obligación activa de prevenir este tipo de prácticas.
  • Contratos de suscripción: se prevé la entrada en vigor de un régimen más estricto a partir del otoño de 2026, como muy pronto.
  • Sanciones: multas de hasta el 10 % de la facturación mundial anual, impuestas directamente por la CMA.
  • Ámbito de aplicación extraterritorial: afecta a todas las empresas que vendan a consumidores británicos.

¿En qué consiste la Ley DMCC y a quiénes se aplica?

Aprobada el 24 de mayo de 2024 (fecha de la sanción real[2]), esta ley abarca tres ámbitos distintos. La Parte 1 establece un régimen de regulación de los mercados digitales, aplicable a las grandes plataformas que cuenten con una «condición de mercado estratégico». Las Partes 2 y 3 reforman la legislación británica en materia de competencia. La Parte 4, que constituye el núcleo de este artículo, reforma el marco de protección de los consumidores.

Este último capítulo sustituye al Reglamento de 2008 sobre la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales (CPR)[3]. Mantiene la «prueba de la decisión transaccional», según la cual una práctica comercial se considera desleal si induce al consumidor medio a tomar una decisión que, de otro modo, no habría tomado. Asimismo, añade nuevas prohibiciones específicas, que se detallan más adelante en este artículo.

El alcance extraterritorial de la Ley DMCC merece una atención especial. La CMA puede actuar contra cualquier persona o entidad que dirija sus actividades a consumidores británicos y solicitar información a empresas establecidas fuera del Reino Unido, siempre que pueda establecerse un vínculo con el territorio británico. Por lo tanto, para una empresa europea que venda al otro lado del Canal de la Mancha, el cumplimiento de la Ley DMCC no es, por tanto, opcional.

Calendario de entrada en vigor

La aplicación de la Ley DMCC se lleva a cabo por etapas:

  • 24 de mayo de 2024: Aprobación real de la Ley del DMCC
  • 6 de abril de 2025: entrada en vigor de las disposiciones sobre prácticas comerciales desleales (precios ocultos, opiniones falsas) y de las facultades de ejecución directa de la CMA
  • Otoño de 2026 (como muy pronto): entrada en vigor de las disposiciones relativas a los contratos de suscripción (subscription contracts), prevista inicialmente para la primavera de 2026, pero aplazada por el Departamento de Empresa y Comercio

Balance del primer año de la Ley DMCC

Entre abril de 2025 y abril de 2026, el balance de la CMA es significativo[4]: Se han enviado 157 cartas de advertencia, se han iniciado 14 investigaciones formales, se han presentado 46 solicitudes de información y, sobre todo, se han impuesto multas por valor de 4,7 millones de libras, además de haberse reembolsado 760 000 libras a los consumidores.

Precios escalonados, opiniones falsas y suscripciones engañosas: las tres prácticas que ahora están reguladas

La Ley DMCC se centra en tres categorías de prácticas comerciales que socavan la confianza de los consumidores. Cada una de ellas está sujeta a obligaciones específicas, que se detallan en las directrices de la CMA sobre prácticas comerciales desleales[5].

La prohibición del «drip pricing»: indicar el precio total desde el principio

El «drip pricing» consiste en presentar un precio inicial atractivo y, a continuación, revelar gastos adicionales obligatorios a lo largo del proceso de compra. El consumidor no descubre el importe real hasta el momento de finalizar su pedido, cuando ya se siente comprometido con el proceso.

La Ley DMCC prohíbe esta práctica de forma explícita. Siempre que se muestre información sobre los precios, ya sea en un anuncio, en la ficha de un producto o en una página de resultados, debe figurar el precio total. Dicho precio debe incluir todos los gastos que el consumidor deberá abonar obligatoriamente (gastos de tramitación, gastos de envío obligatorios, impuestos, etc.). Solo los suplementos que sean verdaderamente opcionales podrán presentarse por separado.

Esta obligación coincide con la impuesta en la Unión Europea por la Directiva Ómnibus[6], que exige que se indique el precio más bajo aplicado durante los 30 días anteriores a una promoción. El objetivo es similar: se trata de garantizar la transparencia en los precios. Sin embargo, el mecanismo difiere: la Ley DMCC tiene por objeto la indicación del precio total en tiempo real, mientras que la Directiva Ómnibus regula la referencia al precio promocional.

Opiniones falsas: una obligación activa de prevención

La Ley DMCC va más allá de la mera prohibición de difundir opiniones falsas. La ley prohíbe presentar, encargar o facilitar la publicación de opiniones engañosas. Asimismo, prohíbe ocultar el carácter remunerado de una opinión.

Las plataformas que alojan opiniones de consumidores están sujetas a una obligación de medios reforzada. Deben aplicar medidas «razonables y proporcionadas» para detectar y retirar las opiniones fraudulentas. Por lo tanto, no se trata de una mera obligación de vigilancia pasiva. La CMA espera que las empresas cuenten con políticas documentadas, mecanismos de detección y procedimientos de retirada. La carga de la prueba de que dichas medidas existen y funcionan recae en la propia empresa.

Suscripciones: hacia el fin de las «trampas de suscripción»

El tercer capítulo de la Ley DMCC se refiere a los contratos de suscripción con renovación automática. Estas disposiciones aún no han entrado en vigor. Su entrada en vigor, prevista inicialmente para la primavera de 2026, ha sido aplazada por el Departamento de Empresa y Comercio hasta el otoño de 2026 como muy pronto, a la espera de la legislación secundaria necesaria para su aplicación.

El futuro régimen obligará a las empresas a:

  • proporcionar información precontractual clara y bien diferenciada sobre las condiciones de renovación,
  • enviar recordatorios a intervalos regulares antes de cada fecha de vencimiento,
  • conceder al consumidor un derecho de desistimiento de 14 días en el momento de la renovación de contratos con una duración inicial de 12 meses o más.

Sanciones más severas y una CMA con mayores competencias

Antes de la Ley DMCC, la CMA no podía sancionar directamente a una empresa por infringir la legislación en materia de consumo. Para ello, debía obtener previamente una resolución judicial, en el marco de la Parte 8 de la Ley de Empresas de 2002[7]. Este mecanismo, lento y complejo, limitaba la eficacia de la aplicación de la ley.

La Ley DMCC rompe con esta lógica. La CMA dispone ahora de una facultad de ejecución administrativa directa, inspirada en sus competencias actuales en materia de derecho de la competencia. Puede investigar, constatar una infracción e imponer sanciones sin la intervención previa de un tribunal.

Las sanciones económicas alcanzan niveles disuasorios: hasta el 10 % de la facturación mundial anual en el caso de las empresas, y hasta 300 000 libras esterlinas en el caso de las personas físicas cómplices de una infracción. En caso de incumplimiento persistente de una orden judicial, la CMA puede imponer multas diarias de hasta 15 000 libras esterlinas o el 5 % de la facturación mundial diaria. En los casos más graves, sigue siendo posible la incoación de un proceso penal.

La CMA ha detallado su estrategia de aplicación de la normativa en sus directrices publicadas en abril de 2025[8]. Ha indicado que centrará sus primeras medidas en las infracciones más evidentes:

  • prácticas comerciales agresivas dirigidas a consumidores en situación de vulnerabilidad,
  • información objetivamente falsa,
  • gastos ocultos,
  • cláusulas contractuales manifiestamente desequilibradas.

Al mismo tiempo, ha anunciado una iniciativa de apoyo para facilitar el cumplimiento normativo, en particular en lo que respecta al «drip pricing» y a las opiniones falsas, ya que estas nuevas normas requieren un tiempo de adaptación.

¿Cómo puede prepararse para cumplir con la Ley DMCC?

Para las empresas que venden a consumidores británicos, el cumplimiento de la Ley DMCC se basa en una capacidad concreta: demostrar, en todo momento, que sus prácticas comerciales respetan las obligaciones legales. En caso de inspección o litigio, no basta con afirmar que el precio anunciado era correcto o que las opiniones publicadas eran auténticas. Es necesario demostrarlo con pruebas fechadas, íntegras y verificables.

Este requisito probatorio se refiere, en primer lugar, a la transparencia de los precios. ¿Cómo se puede demostrar, seis meses después de una campaña promocional, que el precio indicado en un momento determinado cumplía efectivamente con esta obligación de indicar el precio total? El mismo razonamiento se aplica a las políticas de moderación de opiniones: la empresa debe poder demostrar que sus medidas preventivas existían y funcionaban en el momento de los hechos.

El sellado de tiempo certificado: constituir la prueba de conformidad

El sellado de tiempo cualificado responde directamente a esta lógica de preconstitución de la prueba. Este mecanismo criptográfico asocia una fecha cierta y una huella de integridad a un dato digital, ya se trate de un precio mostrado, una tabla de tarifas, una política de moderación o un registro de verificación. El token de marca de tiempo así generado certifica que el dato existía en esa forma exacta en el momento indicado, sin que haya podido ser modificado a posteriori.

Para las empresas que ya cumplen con la Directiva Ómnibus en la Unión Europea, la Ley DMCC constituye su equivalente británico. Los mecanismos probatorios que se aplican son similares: trazabilidad de los precios, integridad de los datos comerciales y fecha cierta de las pruebas. Las soluciones de sellado de tiempo cualificado, como las que ofrece Evidency, permiten centralizar este proceso y elaborar expedientes probatorios válidos tanto en el mercado europeo como en el británico.

La Ley DMCC y la convergencia normativa: por qué es importante organizar su cumplimiento normativo desde ahora mismo

La Ley DMCC forma parte de una tendencia normativa más amplia, compartida con la Unión Europea. La Directiva Ómnibus, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales: las jurisdicciones convergen hacia unos requisitos cada vez mayores de transparencia, lealtad y trazabilidad en las relaciones comerciales digitales. Para las empresas que operan en los mercados europeo y británico, esta convergencia aboga por un enfoque unificado de las pruebas digitales.

Por otra parte, el régimen británico se encuentra aún en sus primeras fases. La CMA ha anunciado un aumento progresivo de la intensidad de sus medidas, las directrices sobre el «drip pricing» siguen siendo objeto de consultas y el apartado relativo a las suscripciones aún no ha entrado en vigor. Las empresas que organicen su cumplimiento normativo desde ahora mismo, documentando sus prácticas y recopilando pruebas fehacientes y con fecha, se encontrarán en una posición ventajosa cuando se intensifique la aplicación de la normativa.

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Fuentes

[1] Ley de Mercados Digitales, Competencia y Consumidores de 2024, cap. 13. Disponible en: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/13/contents

[2] CMA, Prácticas comerciales desleales (CMA207), noviembre de 2025. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/unfair-commercial-practices-cma207/unfair-commercial-practices

[3] Reglamento de 2008 sobre la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales, SI 2008/1277 (texto derogado y sustituido). Disponible en: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/contents

[4] https://competitionandmarkets.blog.gov.uk/2026/04/17/direct-consumer-enforcement-one-year-on/

[5] CMA, Prácticas comerciales desleales (CMA207), noviembre de 2025. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/unfair-commercial-practices-cma207/unfair-commercial-practices

[6] Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a una mejor aplicación y a la modernización de las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=oj:JOL_2019_328_R_0002

[7] Ley de Empresas de 2002 (Parte 8, antiguo régimen de ejecución): Ley de Empresas de 2002, cap. 40. Disponible en: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents

[8] CMA, Directrices sobre la aplicación de la normativa en materia de consumo directo (CMA200), abril de 2025. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/direct-consumer-enforcement-guidance-cma200

  • stephane pere evidency

    Stéphane es titulado de dos másteres, en Comercio y en Derecho, y cuenta con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de la tecnología, los medios de comunicación y la inteligencia de mercado. Antes de asumir la dirección general de Evidency, ocupó el cargo de Chief Data Officer en The Economist Group, donde supervisó y definió la estrategia de datos, la analítica y las iniciativas de transformación digital a escala internacional. Tras haber trabajado en entornos diversos, en distintos mercados y culturas, Stéphane posee una sólida capacidad para coordinar equipos multidisciplinares (producto, ingeniería, jurídico, compliance y operaciones) en torno a objetivos comunes.